Impulsando el ejercicio de la justicia indígena con perspectiva de género, en comunidades Kichwa de Cotacachi (Ecuador)

En Ecuador, la justicia indígena es un sistema legal reconocido en la Constitución de 2008 (artículo 171), donde las autoridades indígenas (principalmente autoridades tradicionales, como los presidentes de comunidad o los ancianos sabios), basándose en sus tradiciones y derecho consuetudinario, resuelven conflictos dentro de su ámbito territorial. La justicia indígena busca la armonía social y la reparación del mal, a diferencia de la justicia ordinaria, que se enfoca en el castigo. La justicia indígena es un componente del pluralismo jurídico ecuatoriano, que permite la existencia de sistemas legales distintos. Las sanciones suelen incluir la recomposición, compensación y remediación del daño causado, no solo el castigo. Sin embargo, los derechos de las mujeres ocupan una parte poco desarrollada de la jurisprudencia, mostrando grandes deficiencias en la restitución efectiva de derechos o la atención a víctimas de violencia de género.

En el territorio andino de Cotacachi, conformado por 45 comunidades indígenas, la justicia comunitaria es una práctica viva del derecho propio, basada en la cosmovisión andina, el diálogo, la reparación y la búsqueda del equilibrio comunitario. Sin embargo, este sistema enfrenta serias limitaciones: los gobiernos comunitarios (o cabildos), encargados de su aplicación, carecen de formación jurídica y antropológica adecuada, desconocen protocolos y no cuentan con espacios idóneos para recetar ni dar seguimiento a los casos. Esta situación se agrava ante el incremento de la violencia intracomunitaria, especialmente hacia mujeres, y por la falta de mecanismos de reparación, registro y memoria histórica.

Desde hace dos años, la UNORCAC y el Comité de Mujeres han impulsado un proceso de fortalecimiento del sistema de justicia indígena con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Cugat y de la Agencia Catalana de cooperación al desarrollo (ACCD), enfocándose a la construcción de una guía de convivencia que incorpore mejoras para la restitución de derechos de las mujeres y la perspectiva de género en el marco de aplicación de la justicia indígena; se dio mediante la formación de promotores/as comunitarios, la elaboración colectiva de una guía de justicia y el rescate del conocimiento ancestral (Reglamento Comunitario Sumak Kawsaypa Katikamachik). Esta propuesta representa la continuidad de este proceso, avanzando hacia su aplicación concreta en el territorio, mediante una fase operativa en las comunas y comunidades andinas.

Contribuir al cumplimiento y realización de los Derechos Humanos entre los Pueblos y Nacionalidades de la región norte de Ecuador (Prioridad 1. del Plan Director de Cooperación, Paz y Derechos Humanos, orientada a los titulares de derechos)

Este proyecto tiene como objetivo impulsar el ejercicio de la justicia indígena con perspectiva de género en comunidades Kichwa del territorio de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), contribuyendo al cumplimiento y la realización de los Derechos Humanos entre los Pueblos y Nacionalidades de la región norte del Ecuador, en el marco de la Prioridad 1 del Plan Director de Cooperación, Paz y Derechos Humanos, orientada a los titulares de derechos.

Se busca enfrentar problemáticas estructurales como el desconocimiento de normas y protocolos por parte de los gobiernos comunitarios (cabildos) al momento de aplicar de manera adecuada los principios de la justicia indígena, la ausencia de espacios comunitarios para la recepción y seguimiento de casos, los vacíos en los procesos de reparación, el incremento de la violencia intracomunitaria —especialmente hacia las mujeres— y la falta de un registro sistemático que reconozca la memoria histórica de la justicia indígena.

Como parte de la propuesta, se fortalecerá mediante formación especializada y asistencia técnica a la red de promotores/as en derechos comunitarios con perspectiva de género, vinculando especialmente a mujeres y jóvenes previamente formados en escuelas de justicia (con el apoyo del proyecto “Lucha por la justicia de género en Cotacachi, con perspectiva interseccional y de justicia climática”, financiado por XCS y ACCD), quienes ejercerán el rol de facilitadores territoriales, a través de la implementación, socialización y apropiación comunitaria de una guía o mandato construido colectivamente, basándose en talleres participativos, saberes ancestrales y principios del pluralismo jurídico reconocido por la Constitución del Ecuador. Se brindará acompañamiento técnico a los gobiernos comunitarios (cabildos) mediante un profesional con conocimientos jurídicos, antropológicos y en derecho propio, quien proporcionará formación y apoyo en la resolución de casos con enfoque restaurativo.

Además, se implementará un sistema piloto de registro y memoria histórica del ejercicio de la justicia indígena en 10 comunidades andinas, con mecanismos de protección de la información y énfasis en la documentación de casos de vulneración de derechos, especialmente de mujeres. Este sistema funcionará desde un espacio de oficina en las instalaciones de la UNORCAC.

Este proyecto da continuidad al proceso iniciado en años anteriores con el Comité Central de Mujeres de la UNORCAC y con el financiamiento del Ayuntamiento de Sant Cugat, y plantea una fase de aplicación práctica en el territorio. A través de estrategias de diálogo equitativo entre hombres y mujeres, se busca empoderar a los cabildos y consolidar un sistema de justicia indígena legítimo, contextualizado y reconocido en los distintos niveles de decisión. Asimismo, se busca consolidar un sistema comunitario de justicia basado en los principios del derecho propio, las costumbres transmitidas desde la oralidad y el pluralismo jurídico reconocido por la Constitución del Ecuador.

• 560 mujeres de las comunidades de la zona andina de Cotacachi, pertenecientes a 10 comunidades, mediante la mejora de la aplicación de la justicia indígena (90 % de origen kichwa).

• 30 integrantes de gobiernos comunitarios y dirigencia de organizaciones sociales (85 % hombres, entre 25 y 60 años; 95 % de origen kichwa), electos/as (entrantes y salientes) con cargos en las directivas, mejoran su comprensión y responsabilidad en la aplicación adecuada de la justicia indígena, fortaleciendo la articulación, la interacción y la gobernabilidad comunitaria con perspectiva de género.

• 40 promotores/as y facilitadores/as comunitarios/as de derechos que trabajan en red: participantes de la formación recibida a inicios de año (60 % mujeres, 25 % menores de 29 años), quienes adquieren un nivel teórico-práctico para el acompañamiento a los cabildos en el ejercicio de la justicia indígena con perspectiva de género en 10 comunidades.